Han pasado 50 años desde que las Naciones Unidas celebraran por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Fue el 8 de marzo de 1975. Se cumplen, también, treinta años desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, hito fundamental en la historia de los derechos de las mujeres. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing estableció objetivos y medidas para lograr el progreso de las mujeres y la consecución de la igualdad de género en doce ámbitos, entre los que se encuentran la educación, la salud, el ejercicio del poder o la lucha contra la violencia de género. 

Las políticas públicas son herramientas poderosas para alcanzar y seguir avanzando en todos ellos. Como parte de la Cooperación Española, desde la FIIAPP apostamos por una cooperación feminista para apoyar políticas públicas que reduzcan las brechas de género en todo el mundo y desde todas las esferas públicas. Lo hacemos a través del intercambio y la movilización del talento público de nuestras instituciones. 

Este 8 de marzo hemos preguntado a cuatro especialistas de las instituciones con las que trabajamos sobre los avances y los retos que tenemos por delante en seis ámbitos: justicia, lucha contra la trata de personas, empleo, políticas fiscales, drogas y clima. ¿Cómo ha cambiado la situación de las mujeres desde 1995? ¿Qué falta aún por conseguir?  

Justicia: más mujeres en la carrera judicial… pero no en la cúpula 

En estos treinta años, el ámbito de la justicia española ha abierto sus puertas a las mujeres que quieren dedicarse a la carrera judicial. “Actualmente, las mujeres constituyen el 56% de los miembros de la judicatura española. Esta creciente presencia femenina ha contribuido a una mayor sensibilidad y perspectiva de género en la administración”, apunta Rebeca Huertos, magistrada de y team leader en la FIIAPP de el proyecto europeo de cooperación que Apoyo a la prevención de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos en Bolivia. Huertos destaca las reformas legislativas que se han llevado a cabo en España para proteger los derechos de las mujeres, como la creación de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer o la implementación del servicio telefónico 016, herramienta de asistencia a las víctimas de violencia de género.  

No obstante, a pesar de estos avances, la magistrada reconoce que aún existen desafíos significativos para las mujeres, especialmente en el acceso a las más altas instancias de la justicia: “aunque representan una mayoría en la base de la carrera judicial, su presencia disminuye en los órganos colegiados y en las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, donde solo ocupan el 12% y 19% de los cargos, respectivamente”.  

Es, también, crucial profundizar en la sensibilización y formación del personal de judicatura en perspectiva de género para asegurar la atención adecuada y, sobre todo, evitar la revictimización. “Esto implica no solo reformas legales, sino también cambios estructurales y sociales que aseguren que todas las mujeres, independientemente de su ubicación geográfica o condición socioeconómica, tengan acceso equitativo a la justicia”, concluye Huertos.  

Trata de mujeres y niñas: más casas de acogida y apoyo integral a las víctimas… pero falta protección en los países de destino 

La trata de personas con fines de explotación sexual es la tercera actividad más lucrativa en el mundo, únicamente por detrás

del tráfico de drogas y armas. En España, desde 2010, está tipificada como delito independiente en el Código Penal. Rafael Ríos Molina, inspector jefe de la Policía Nacional y ex team leader en la FIIAPP del proyecto A-TIPSOM: lucha contra la trata de personas y migración irregular en Nigeria, destaca la importancia de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional como referente de investigación en este ámbito. Añade, además, otros logros que se han conseguido durante estos treinta años en España, como una mayor formación para policías, jueces y juezas, fiscales y personal sanitario, y la creación de casas de acogida y programas de reinserción para ofrecer apoyo integral. En cuanto al ámbito internacional, España colabora en operaciones conjuntas con Europol e Interpol en el desmantelamiento de redes criminales.  

Aun así, aún queda trabajo por hacer. “A pesar de los avances, España sigue siendo un país de destino y tránsito para la trata de personas, lo que exige un compromiso continuo en la mejora de las políticas de prevención, persecución y protección”, apunta Ríos. El inspector señala, también, la necesidad de implementar un enfoque de género y fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado: “hay que involucrar a todos los actores que intervienen. Ante un reto global, se necesita una respuesta global”.  

Empleo: más mujeres en puestos de poder… pero no se valorizan los cuidados 

“El posicionamiento de la igualdad entre mujeres y hombres en las agendas globales y nacionales y el incremento de la visibilidad en ámbitos de poder y toma de decisiones son el exponente de mucho trabajo y esfuerzo que ha dado sus frutos”, celebra Clara Linde, funcionaria y experta en igualdad en el proyecto de la FIIAPP Socieux. Pero aun así hay claros y sombras en la empleabilidad de la mujer en la actualidad. “La transversalización de la igualdad no tiene fácil aterrizaje en las políticas y actuaciones concretas”, comenta. Linde considera esencial el compromiso político, la formación y la sensibilización de los actores involucrados en la legislación, además de un presupuesto acorde a lo que se pretende conseguir. “Si las políticas sectoriales no incorporan adecuadamente el enfoque de género, contribuirán a perpetuar las desigualdades estructurales que existen entre mujeres y hombres”, recuerda Linde. “No existen políticas neutras al género, las inercias solo apuntalan las brechas”. Que la sociedad al completo ponga valor a los cuidados, tarea que recae siempre en las mujeres, y que esta carga tanto física como mental sea compartida, es, para Linde, uno de los desafíos más relevantes para el futuro.  

Políticas fiscales: se reduce la tributación conjunta… pero sigue impactando la brecha salarial 

“Entre los logros más relevantes alcanzados en el ámbito de la política fiscal, destaca la integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos”, afirma Cristina García-Herrera, directora de estudios en el Instituto de Estudios Fiscales. A lo largo de estas décadas, diversos países han adoptado una metodología precisa y han implementado reformas en sus sistemas tributarios que reducen las desigualdades entre hombres y mujeres. “Son excepcionales los países que establecen discriminaciones directas en contra de las mujeres”, celebra García-Herrero, “en los últimos años, han avanzado hacia un sistema de tributación individual, eliminando disposiciones fiscales y de prestaciones que perpetúan la división sexual del trabajo”. Cambios como la eliminación progresiva de la declaración conjunta y la desgravación por cónyuge sin ingresos han reducido los desincentivos a la participación laboral a los que muchas mujeres se enfrentaban.  

Además, los sistemas tributarios han mejorado de forma significativa su suficiencia y equidad. “Una recaudación fiscal adecuada es clave para financiar prestaciones universales y servicios públicos esenciales. La falta de estos servicios afecta de manera desproporcionada a las mujeres”, apunta García-Herrera. 

A pesar de estos avances, siguen existiendo barreras significativas, como la brecha salarial. “Las mujeres ganan, en promedio, menos que los hombres, lo que influye directamente en sus contribuciones fiscales, su acceso a los servicios públicos y su capacidad para ahorrar”, destaca Herrera-Blanco, “esta desigualdad tiene consecuencias directas sobre la tributación, ya que, al ganar menos, contribuyen menos a los sistemas fiscales, pero también se beneficia menos de los mismos”. A esto se une la dificultad que muchas mujeres encuentran a la hora de acceder a la vivienda, ya que aún hoy en día encuentran barreras para obtener créditos financieros.  

Debido a fenómenos como la brecha salarial, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los grupos con mayores tasas de pobreza. Herrera-Blanco considera que otro de los desafíos a los que se enfrentan es la regresividad de algunos sistemas fiscales, donde la carga impositiva recae con mayor peso sobre las rentas más bajas. “El avance hacia modelos fiscales más progresivos es fundamental para reducir desigualdades y garantizar un reparto equitativo de la carga tributaria”, concluye Herrera-Blanco.

Drogas: hay más especialización en género… pero hay que romper el círculo trata-menudeo-mulas 

El desafío principal ante el que se encuentran los especialistas y los sistemas judiciales en casos que involucran a mujeres con el narcotráfico es extremar las alarmas para detectar posibles casos de trata o explotación. “Es cada vez más frecuente que mujeres en situaciones de distintas vulnerabilidades sean utilizadas para ejecutar determinadas actividades de las organizaciones criminales, como la venta de droga al menudeo o el traslado internacional de cargamentos ilícitos, incluso ingestados, con alto riesgo para la vida de las personas que las llevan en sus cuerpos”, apunta Mariela Labozzetta, coordinadora de la Red Especializada en Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, institución que colabora con el programa europeo COPOLAD, coliderado por la FIIAPP.  “En estos casos, las mujeres ingresan al sistema de justicia como acusadas y es imprescindible formar a las y los operadores judiciales para agudizar su mirada de género y detectar si los delitos por los que se las acusa derivaron de una situación de explotación o violencias previas, si esas personas han sido coaccionadas de algún modo para actuar así, si están amenazadas, si fueron captadas previamente o si hay cualquier otro tipo de aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”. 

En estos casos, es imprescindible una coordinación entre fiscalía y agencias especializadas en crimen organizado y que, además, trabajen desde una perspectiva de género. Estos fenómenos ya no se adscriben a un único ámbito, por lo que se vuelve crucial que las áreas especializadas en narcotráfico, trata y violencia de género los aborden de manera conjunta.  

Finalmente, es fundamental implementar programas de protección y atención tanto a las víctimas como a sus familias.  

Clima: Las mujeres sufren las consecuencias del cambio climático… pero no forman parte de la toma de decisiones en políticas ambientales

“Las mujeres son guardianas de la naturaleza y responsables de recursos vitales, pero a pesar del papel crucial que tenemos, aún seguimos teniendo desafíos en la participación plena y efectiva que nos lleve a ser parte de la toma de decisiones climáticas”, apunta Marleny Oliva, coordinadora de la Unidad de Género, Multiculturalidad y Personas con Discapacidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La representatividad es clave para que se hagan políticas inclusivas que tengan un impacto real. “Debemos abogar por esa participación activa de las mujeres en toda su diversidad. Es crucial para que las estrategias climáticas sean justas y efectivas”. 

Varios estudios han demostrado que el cambio climático afecta en mayor medida a mujeres y niñas. Por ello, Oliva trabaja día a día en el ministerio para instaurar políticas medioambientales transversales con perspectiva de género. “Debemos reconocer que las mujeres somos vitales para los esfuerzos de conservación y creación de resiliencia. Su empoderamiento está intrínsicamente ligado al logro del desarrollo sostenible”.  

Sin una inclusión de las mujeres de manera plena en las conversaciones para paliar el avance del cambio climático, los esfuerzos serán en vano. “Las mujeres somos agentes de cambio que representan oportunidades para crear nuevos conocimientos y capacidades”, señala Olivia, “los gobiernos deben garantizar que los compromisos nacionales de cambio climático se implementen de manera interseccional y socialmente inclusiva, alcanzando que las mujeres puedan acceder, modelar y beneficiarse de la adaptación climática e intervenciones de fomento de la resiliencia”.

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