Tras una larga carrera profesional en temas aduaneros y de fronteras dentro de la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA – National Crime Agency), hace un año Geoff tomó las riendas del proyecto SEACOP, de cuya creación formó parte hace ya siete años.

¿De dónde nace la idea del proyecto SEACOP?

La idea surgió en el año 2000, pero fue en 2009 cuando la Comisión Europea formó un pequeño grupo de expertos de la propia Comisión y nos propusieron hacer un viaje a Sudamérica y el Caribe con el objetivo de identificar formas y proponer ideas para impedir el flujo de droga desde Sudamérica hacía Europa.

Entonces teníamos una hoja en blanco y nuestro papel como expertos europeos era plasmar y ofrecer ideas sobre qué podíamos hacer que no se hayan hecho antes para impedir el flujo de cocaína.

¿Cómo se generaron esas ideas para llevar a cabo el proyecto?

La experiencia fue fantástica. El líder de ese grupo de expertos era un fiscal anti droga de la Audiencia Nacional española, yo era el experto británico, y además, había en el grupo expertos italianos y portugueses. Juntos nos fuimos a Sudamérica.

Podíamos escoger los países, así que fuimos a Colombia, Venezuela, Brasil, Panamá y Barbados, en el Caribe. Todos aportamos ideas partiendo de las carencias que existían en los sistemas de defensa de cada uno de éstos países para impedir el flujo de droga. Mi aportación fue la parte marítima, porque la mayoría de la droga que va de Sudamérica a Europa va por mar y hay una gran falta de experiencia y capacidades para impedirlo; tanto en Sudamérica, como en Europa y en África.

Otros miembros del grupo tuvieron otras ideas. El fiscal, por ejemplo, propuso mejorar los sistemas de colaboración judicial. Cada uno propuso las suyas. Y como grupo de expertos ofrecimos 5 ó 6 planes.

Después de un tiempo me dijeron que les había gustado mi idea y me pidieron si podría desarrollarla más. Pensando en empezar a trabajar en primer lugar en África y después en Sudamérica y El Caribe.

Una vez desarrollada mí idea, nos enviaron a un portugués, un francés, un español y a mí a África para poner “la carne en el asador”, y de eso surgió SEACOP.

Tuve que hacer una presentación en Bruselas de cómo debería ser el proyecto y las 4 fases de SEACOP que son: Crear unidades en puertos, crear unidades de inteligencia, mejores sistemas de información marítimos y la colaboración internacional. Estos son los 4 pilares del proyecto.

Todo esto se presentó en Bruselas a mediados del 2009. Fue aprobado y ahí comenzó la fase I, en Cabo Verde, Senegal y Ghana.

¿Qué ha supuesto para ti como profesional formar parte de la Fase I y de la fase II?

Por aquel entonces yo estaba aún trabajando en la National Crime Agency (NCA) y no podía dedicarme al proyecto. Pero para mí fue fantástico formar parte del arranque del proyecto, porque llevo gran parte de mi carrera trabajando contra el tráfico marítimo de drogas. Trabajé 9 años en Sudamérica y después en Estados Unidos, El Caribe y en los últimos años en España y gran parte fue trabajando con estos países para impedir el flujo de tráfico marítimo de cocaína.

¿Cómo pueden beneficiarse los ciudadanos de un proyecto como SEACOP?

Lo más importante es desarticular las organizaciones de delincuentes. El negocio del tráfico de drogas, como cualquier crimen organizado, tiene sus efectos contra la población, aunque a veces no son muy aparentes. En el caso de Sudamérica el tráfico de drogas causa crímenes. A veces pagan con droga, y consecuentemente hay mucha más adicción, más violencia, más matanzas, más desorden y más corrupción institucional. Así que el impacto del tráfico de cocaína es enorme en la población. Como todos sabemos el tráfico de drogas destruye gobiernos, destruye sociedades, su impacto en Sudamérica y Centro América es enorme, pero también está creciendo mucho el consumo en África porque está aumentado el flujo en este continente y consecuentemente en Europa.

Así que impidiendo el flujo de cocaína y desarticulando las organizaciones habrá un beneficio a largo plazo sobre la población.

¿Cuáles son las diferencias de esta fase con la anterior?

Las dos primeras fases estaban enfocadas en África, en siete países. La tercera fase se ha enfocado en El Caribe. La gran diferencia es que hacemos más énfasis en la parte de inteligencia y colaboración internacional. Hemos creado 11 grupos de inteligencia marítima que cubren todo El Caribe. Además, hemos facilitado sistemas de comunicación para que los grupos puedan intercambiar información.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo desde 2012, fue la primera mujer en ocupar el cargo.  En esta entrevista nos cuenta en qué consiste el trabajo del Defensor del Pueblo:

¿Todos los ciudadanos tienen acceso al Defensor del Pueblo?

Todos los ciudadanos tienen acceso al Defensor del Pueblo, sin ninguna discriminación y esperamos que sin ninguna dificultad. Porque, para hacernos llegar su queja, disponen de números de teléfonos gratuitos, pueden escribir directamente mediante carta, pueden venir físicamente a las oficinas del Defensor a presentar su problema y por supuesto, también pueden hacerlo por internet, a través de correo electrónico o a través de nuestra página web.

¿Qué tipo de quejas son las que tramita el Defensor?

Quejas ante las Administraciones Públicas. El Defensor no atiende quejas entre particulares ni entidades o empresas particulares.

También actuamos a través del ministerio correspondiente cuando se trata de grandes empresas que prestan servicios públicos, como la telefonía el transporte, o por ejemplo, asuntos relacionados con bancos, a través del Banco de España. Pero tratamos todo tipo de situaciones y problemas. En relación a personas con discapacidad, problemas por impuestos locales, por cuestiones de la Agencia Tributaria, por listas de espera en hospitales, etc. En fin, todo tipo de hechos o circunstancias.

¿Todas las quejas de España al Defensor se tramitan desde Madrid o hay oficinas del Defensor en las diferentes CCAA?

Nosotros cubrimos todo el ámbito español. Además hay Defensores en diez comunidades autónomas que tienen capacidad para actuar en el ámbito de competencias de esa comunidad.

¿Cuántas quejas se reciben anualmente en la oficina del Defensor del Pueblo?

En torno a 20.000 quejas. Pero, un gran número de ellas, son presentadas por personas individuales. Porque también los colectivos, las asociaciones o entidades, se pueden dirigir a nosotros.

En 2015, en el informe anual que presentamos todos los años en las Cortes Generales, dimos cuenta de que habían sido 50.000 las personas que habían suscrito documentos pidiendo la actuación del Defensor.

¿Hay temas prioritarios para la oficina del Defensor?

No tenemos temas prioritarios, lo que sí que hacemos es intentar ver qué situaciones son más urgentes, por ejemplo si hay una persona que está en una situación administrativa no regular, va a ser devuelta a su país y tenemos conocimiento de que concurren en ella circunstancias de vulnerabilidad, muy singulares o muy especiales, pues actuamos rápidamente antes de que sea devuelta.

Si tenemos conocimiento de que la situación de un menor están en un momento muy dramático o muy difícil, inmediatamente esas situaciones pasan por encima de otras cosas, pero se tratan todos los temas.

¿Cuáles son los principales retos del Defensor del Pueblo?

El mayor reto es llegar al mayor número posible de personas y que el mayor número de personas que tengan un problema sepa cómo dirigirse al Defensor y puedan hacerlo. Por eso la página web es muy importante. Para hacernos visibles y hacer que la población comprenda lo que hacemos, para ser apreciados. Eso es fundamental, tener la confianza de los ciudadanos.

¿Cuáles son las mayores dificultades?

Dificultades son las que tienen las propias Administraciones, los Gobiernos locales, los Gobiernos de las Comunidades, o el Gobierno del Estado; dificultades presupuestarias para una mayor dotación en servicios asistenciales, sociales o sanitarios.

¿Cuál es el papel del Defensor en otros países?

La mayoría de los países de la Unión Europea tienen Defensores, también países iberoamericanos y algunos países del Mediterráneo. Nosotros les hemos ayudado y asistido para la formación de los equipos del Defensor.

Últimamente hemos estado en Turquía, durante dos años (a través de un proyecto gestionado por la FIIAPP y financiado por la Comisión Europea). Les hemos mostrado la forma de trabajar de España y hemos colaborado en la formación del personal allí. Además, mantenemos una relación de colaboración con los Defensores Iberoamericanos, que siguen el modelo español.

 ¿Qué ha aportado el Defensor de España en Turquía?

Les hemos aportado parte de la formación necesaria a sus equipos: cómo se tratan los asuntos, cuáles son los campos en los que se puede actuar, cómo se puede actuar, cómo hay que dirigirse a las Administraciones, el seguimiento de la legalidad vigente, el respeto a los DDHH… en fin, todos estos campos.

¿Cómo se están beneficiando los ciudadanos turcos con este proyecto?

Turquía es un país muy grande, con más de 80 millones de habitantes, extender la acción del Defensor por toda la geografía y a todos los ciudadanos turcos, les va a llevar un tiempo y mucho esfuerzo, pero espero que poco a poco lo logren.

¿Hay proyección de trabajar en otros proyectos en diferentes países?

Si surgen otros proyectos, sí. En la medida en la que soliciten nuestra ayuda así lo haremos.

¿Cuál es el papel del Defensor en el tema de los refugiados?

Se trata de un tema muy complicado porque los procedimientos son bastante tediosos, pero la postura del Defensor es la de hacer un seguimiento para que España cumpla con sus compromisos en este tema. Desde la oficina del Defensor proclamamos por procurar una recepción, acogida e integración de las personas que lleguen a nuestro país.

En el marco de un monográfico formativo realizado en las oficinas de la FIIAPP en Madrid, Fernando Pedro Méndez González, Director de Relaciones Internacionales, responde a nuestras preguntas sobre la función del Colegio de Registradores de España en el ámbito internacional. Hablamos sobre las aportaciones del colegio en países como Cuba y Colombia, y sobre las oportunidades de trabajo con el resto de la región.

¿Por qué es importante la cooperación internacional del Colegio de Registradores con los países de América Latina?

Una de las condiciones para que cualquier país entre en la Unión Europea es que tenga un sistema legislativo solvente. Por qué es tan importante esto, porque un buen sistema legislativo garantiza que los derechos que existen sobre los inmuebles de un país puedan ser utilizados, por ejemplo, como garantía de créditos hipotecarios; y esto permite tener recursos para iniciar actividades empresariales o profesionales.

Pero esto no se puede hacer si las titularidades no están claras y son fácilmente trasmisibles. Y esto, en un entorno de contratación impersonal en un mundo compuesto por millones de personas es muy difícil, y requiere una tecnología muy específica y muy sofisticada que son los registros de la propiedad. Si los registros se desarrollan el mercado inmobiliario se desarrolla. Todo esto tiene, por tanto, una repercusión enorme en el desarrollo económico de un país.

¿Cuáles son los fuertes del Colegio de Registradores del Registro español?

El principal activo que tenemos es nuestra reputación. El prestigio del sistema registrador español y del Colegio de Registradores es muy alto. Esta es la razón fundamental por la que instituciones de otros países se dirigen a nosotros.

No tanto porque nuestros sistemas registrales se parezcan, como es el caso de Cuba o Puerto Rico; sino porque creen que nosotros les podemos aportar innovaciones, etc.

Además, nosotros vamos a otros países de una manera absolutamente respetuosa. Es decir, no vamos a imponer nada. Lo que vamos es a contestar las preguntas que nos hagan o a hacer las sugerencias que nos parecen oportunas, a la vista de lo que estamos viendo. Y yo creo que este trato entre iguales, por así decir, es muy importante para que ellos sigan confiando en nosotros.

¿En qué podría colaborar un colegio como el de Registradores con una Fundación como la FIIAPP?

La FIIAPP es una rara avis buenísima porque está dedicada precisamente al fortalecimiento institucional, maneja fondos importantes con este objetivo y el Colegio de Registradores tiene, precisamente por objetivo, el fortalecimiento institucional en el área del registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro de bienes inmuebles, y los temas fiscales relacionados con estos registros, lo que constituye un aspecto institucional básico.

Por lo tanto somos dos instituciones llamados a entendernos y a colaborar lo más intensamente posible.

¿Qué pueden aportar los Registradores en Cuba?

En el caso de Cuba venimos colaborando desde el pasado en el tema de la liberalización de la propiedad en el país y ahora mismo en el desarrollo de su sistema registral en tres áreas: formación de capital humano, transferencia de tecnología y asesoramiento legislativo. Siempre en la medida en la que nos lo demanden.

Existe un convenio firmado con el gobierno cubano que ahora está pendiente de ejecución. Y que queremos desarrollar en las próximas semanas.

Lo primero que se va a desarrollar es la formación de capital humano con un curso para unos 25 registradores cubanos que ya están trabajando para que se familiaricen con las tecnologías que estamos usando. Para que vean cómo funcionan los registros españoles, y cuáles son las prestaciones que pueden obtener de un registro para que, en el caso de que lo consideren interesante, lo apliquen allí.

¿Y en el caso de Colombia?

El caso de Colombia está todo pendiente del escenario post conflicto. Digamos que hay un montón de energías que están en este momento a la espera de que, efectivamente, surja el escenario post conflicto.

Y aquí estamos colaborando en una política de vivienda accesible. Queremos colaborar, porque nos han pedido hacerlo, en relación a, en qué medida, el desarrollo registral podría colaborar a la regularización de las tenencias de propiedad alteradas como consecuencia de tantos años de conflicto.

Mikel Mancisidor, es miembro del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR). Reelegido por segunda vez, durante el período 2017-2020, trabaja para monitorizar, junto con otros 17 expertos independientes, la aplicación por parte de los estados del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de los principales tratados internacionales de derechos humanos.

Es esta entrevista Mikel Mancisidor nos habla sobre el trabajo del comité y sobre su trabajo en el día a día.

 ¿Cuál es el objetivo del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU?

Es el órgano encargado del seguimiento y de la supervisión del cumplimiento por parte de los Estados, de las obligaciones a las que se han comprometido al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

O dicho de una forma más sencilla, el Sistema Internacional de Derechos Humanos tiene varios tratados y quizá los dos tratados más amplios son los dos más conocidos, que son el Pacto del 66, que incluye los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada uno de estos pactos tiene su comité y estos comités tienen la misión de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones internacionales.

Los Estados, al ratificar estos pactos, o tratados, así como al subscribir otros tratados, como los derechos al niño, la situación de la mujer, las personas con discapacidad, o contra la tortura; se comprometen a informar a las Naciones Unidas, normalmente cada 5 años y por medio de un informe periódico sobre cómo están avanzando en el cumplimiento de estos compromisos. Como quién es la persona que analiza estos informes, quién se encarga del diálogo con el Estado para comprobar que estos avances se están dando, cuál es el órgano que puede ratificar a los Estados que se ha avanzado en alguna materia, en cuáles no, lo que queda por cumplimentar, recomendaciones, etc.

Además de esta función principal, que es la de los informes periódicos, el diálogo con los Estados y la publicación de las conclusiones y recomendaciones; desde la entrada en vigor del protocolo adicional a nuestro pacto, hay una función nueva, que es el estudio de comunicaciones individuales.

¿Cuántas personas forman el Comité?

En nuestro caso el comité está compuesto por 18 miembros internacionales  de todas las partes del mundo.

¿Cuál es tu día a día, tu papel en el comité?

El sistema de trabajo del comité es a través del estudio de los informes periódicos por parte de los Estados y el momento más importante del trabajo del comité es el diálogo con los Estados. Cada 5 años, una delegación del Estado viene a NNUU, a Ginebra, que es donde está la sede del Comité y presenta su informe periódico sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en su país y el avance del cumplimiento de sus obligaciones durante esos años.

Nosotros estudiamos el informe, nos proveemos de otras fuentes de información de organismos internacionales, de ONG´s, de universidades, de Defensores del Pueblo, etc.. Y con toda esa información hacemos un día entero de diálogo con el Estado en el que vamos estudiando el cumplimiento de sus obligaciones y cuestionando al Estado en aquellos puntos en los que el cumplimiento no ha sido satisfactorio. Posteriormente a ese diálogo con los Estados, internamente preparamos un documento que es el documento de conclusiones y recomendaciones al Estado para los próximos 5 años.

¿Qué avances se han logrado desde la aprobación del Comité?

Los avances, a mi juicio, son muy importantes. Este año se cumple el 50 aniversario de la aprobación de estos pactos. En estos 50 años ha habido un avance muy importante en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales en el mundo. Incluso en estos últimos años, que hemos vivido un periodo de crisis importante, en el que los países de nuestro entorno vivimos una situación muy difícil de crisis económica y de la consecuente pérdida de estándares en cuestiones tanto laborales, como económicas y sociales. No hay que perder la perspectiva global. Los avances han sido importantes.

Obviamente hay países donde esto no se da, países donde la situación ha empeorado. Hay países fallidos, hay países con conflictos en los que la situación es horrorosa y ha decaído enormemente, pero en general la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el mundo va poco a poco mejorando. Pensemos en el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, o en el acceso al agua, por ejemplo.

Luego, desde un punto de vista más técnico, también los sistemas internacionales de promoción y de protección de estos derechos han mejorado. Hace unos años, sería impensable que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se pudieran proteger internacionalmente por medio de comunicaciones individuales. Es decir, por medio de denuncias individuales.

Sin embargo, en el 2008 se aprobó el Protocolo Adicional al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite por primera vez en la historia la presentación de denuncias individuales. Para los países que han ratificado este protocolo, España entre ellos, ya es posible presentar denuncias individuales por violación a este tipo de derechos. Y de hecho, en otro comité de España nos han llegado ya varias denuncias y hemos resuelto algunas de ellas.

¿Qué se entiende por Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

La declaración universal de los DDHH de 1948 contemplaba el listado de derechos y una visión completa en la que los derechos eran interdependientes y por motivos históricos se procedió a un sistema de dos tratados internacionales que separaban los derechos civiles y políticos de los Derechos económicos, sociales y culturales. Los segundos eran los que respondían a una tradición posterior. Por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, en los derechos laborales, los derechos a un estándar de vida mínimos, a la alimentación, al agua, a la vivienda, derechos culturales, etc.

¿Cómo se puede formar parte del comité?

Los expertos son elegidos por un criterio geográfico. Es decir, los 18 miembros son elegidos en función de este reparto regional, habiendo, por ejemplo cuatro miembros de Europa Occidental, cuatro de Europa del Este, cuatro africanos, cuatro asiáticos, etc. Quiénes forman parte de estos comités, de este en concreto, es elegido por el por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, en Nueva York, y cada dos años se vota la renovación parcial de este comité.

Son los estados los que presentan a los candidatos y los estados miembros de la comunidad internacional votan a los que les parecen más adecuados de los presentados por cada Estado.

Mikel Mancisidor, es miembro del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR) y experto de la FIIAPP en el proyecto de «Fortalecimiento de los Derechos Humanos en Marruecos«.

¿Qué es la comitología?

La comitología es la forma que tiene la Unión Europea para ejecutar sus normas.

Los procesos para aprobar las normas europeas son muy complejos, puesto que las instituciones con capacidad legislativa son, esencialmente, el Consejo y el Parlamento Europeo. Así que, una vez aprobadas las normas, la Comisión las ejecuta, pero siempre bajo la supervisión de los comités competentes.

Todas las decisiones que toma la Comisión tienen que ir pasando por un comité.

¿Qué normas se someten a un comité?

Cuando hay comité de ejecución o no, lo establece la propia norma. En el 99% de los casos la norma establece que se hará un seguimiento por parte de un comité. Se trata como de su “reglamento de ejecución” si hablamos en términos de legislación española.

¿Por quién están compuestos estos comités?

Los comités se componen de un representante de cada Estado Miembro, que tienen la posibilidad de votar para dar luz verde a la ejecución propuesta por la Comisión, Y por la Comisión Europea, que preside, pero no vota.

¿Cuántos tipos de comités hay?

Actualmente hay dos tipos de comités. El más frecuente es el procedimiento de examen, en el que se tratan las materias de programas con implicaciones importantes. Como, la Política Agraria Común (PAC), la Política Pesquera Común, el medio ambiente, la seguridad, la protección de la salud, la seguridad de las personas, animales y plantas o la Política Comercial Común y la Fiscalidad.

El segundo tipo de comité es el del procedimiento consultivo, que es el que se utiliza básicamente para el resto de temas.

¿Qué situación tiene que darse para que se apruebe una norma?

En el procedimiento de examen, que es el más habitual, se somete una norma a votación y para que sea aprobada requiere una doble mayoría, tienen que votar a favor el 55% de los Estados Miembros, es decir un mínimo de 16 Estados de los 28. Y esté mínimo de 16 Estados tienen que representar el 65% de la población total. Estos datos se revisan anualmente ya que la población varía.

¿Cómo ejecuta la Comisión Europea su acción exterior?

Para llevar a cabo su acción exterior, que representa aproximadamente el 6% del total del presupuesto de la UE, la Comisión se ha dotado de diferentes instrumentos, a los que atribuye unas cantidades económicas en razón de la materia, que puede ser tanto geográfica como temática. Algunos de estos instrumentos son, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el Instrumento de Vecindad, el Instrumento de Asistencia Preadhesión, el fondo que corresponde a la ayuda humanitaria y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que se trata de un caso muy especial.

¿Por qué el Fondo Europeo de Desarrollo es tan especial?

El Fondo Europeo de Desarrollo lleva activo más de 50 años y tiene su propia normativa, que poco a poco se ha ido acercando a los demás instrumentos. Se trata del instrumento más grande de la Comisión Europea, ya que cuenta con unos 30.000 millones de euros para 7 años (2014-2020), de los cuales España aporta más de 2.400 millones, casi un 8%. Tiene la especificidad de que es el único fondo que no pertenece al presupuesto comunitario. Es decir, el dinero atribuido a todos los demás instrumentos, proceden del presupuesto de la UE, pero en este caso no es así.

El presupuesto comunitario se nutre de una serie de elementos objetivos el PIB, el IVA, extracciones aduaneras, etc. En el caso del FED cada Estado Miembro decide con qué aportación dineraria va a colaborar. Actualmente España es el quinto contribuyente.

¿Quién compone el comité FED?

El FED está compuesto por representantes de los Estados Miembros; un representante de la Comisión, que preside pero no vota; un observador del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que es uno de los ejecutores más importantes del FED; y personal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

¿Qué aprueba el comité FED?

En este comité las normas que se aprueban son proyectos o programas que van a ser financiados por el FED.

Para las votaciones, en este tipo de comité se tiene en cuenta el dinero que aporta cada Estado Miembro: Así que España tiene 79 votos, ya que aporta un 7,9%.

En el caso del FED son necesarios 721 votos para aprobar un proyecto, pero la inmensa mayoría de los proyectos se aprueban por consenso.

¿Cómo está representada España en el comité FED?

La representación de España en el comité FED corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), porque es un fondo extra presupuestario, que se nutre en lo que a España respecta, directamente de aportaciones del Tesoro (MINHAP).

¿Con qué frecuencia se reúne el comité del FED?

Más o menos una vez al mes. Varía dependiendo de los proyectos que llegan al comité

¿Cuáles son las áreas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?

 Desde 2013, que fue cuando se creó la comisión, como resultado de un proceso de concentración o de unión de varios organismos anteriores, tenemos varias competencias, la primera la aplicación de la norma de defensa en todos los mercados de la economía, además tenemos competencias supervisoras y regulatorias en algunos sectores claves y estratégicos como son el de telecomunicaciones, audiovisual, energía y transporte y dentro de éste el aeroportuario, ferroviario y el sector postal.

¿Qué beneficios tiene para los ciudadanos el trabajo que hace la Comisión?

 La verdad es que nuestro trabajo puede parecer un poco abstracto o un poco lejano, pero al final, todos tenemos que pagar nuestra factura de la luz, del teléfono, todos de vez en cuando cogemos un avión o un tren o compramos algún producto en cualquier comercio.

Y nuestro objetivo es que estás acciones diarias las podamos hacer en condiciones óptimas y que podamos elegir el mejor producto en relación calidad precio y para eso los mercados tienen que funcionar competitivamente. La competencia permite que podamos elegir, ya que cuando no hay competencia hay que conformarse con un “esto es lo que hay, y esto es lo que tienes que pagar, lo tomas o lo dejas”.

¿Hay es donde entra el trabajo de la comisión de informar y presionar?

 Hay diversas funciones. Hay funciones regulatorias que trata de crear las condiciones para que el resultado sea óptimo. Hay una función de supervisión, velamos porque las cosas vayan bien, hay una función de sanción cuando se incumplen obligaciones o cuando las empresas funcionan anticompetitivamente. El año pasado, por ejemplo, en temas de defensa de competencia hemos puesto unos 550 millones de euros de sanciones y hemos desmantelado unos 14 acuerdos anticompetitivos entre empresas para repartirse el mercado.

Además, hay una labor muy importante de promover mejoras en la competencia a través de mejoras en la regulación, una labor consultiva con la que podemos elevar propuestas al gobierno para que si lo estima oportuno, adopte mejoras regulatorias.

¿Cómo mediáis en las resoluciones de conflictos entre empresas?

 Ahí decidimos, es una función arbitral. Cuando por ejemplo, un operador quiere acceder a la red de otro y tiene que negociar unas condiciones o un precio, se ponen dificultades entre ellos, que puede estar basadas en dificultades objetivas o no y el trabajo de la Comisión consiste en examinar esos casos y adoptar decisiones que son vinculantes para ambos operadores con el ánimo de que puedan trabajar en los mercados.

¿Por qué habéis incluido el área de audiovisual en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?

 Se ha incluido desde el nacimiento de la Comisión pero antes ejercía directamente el Ministerio sobre ese tema, no había un organismo independiente, como nosotros, que velara por estás competencias en el sector audiovisual.

¿En qué puede ayudar la Comisión en un proyecto como el de Túnez? 

Nosotros tenemos toda la experiencia de lo que es un regulador europeo y una autoridad de defensa de la competencia de primera línea. Y no sólo eso, creo que, como muchas instituciones españolas, tenemos una ventaja competitiva en la relación con los países mediterráneos, somos un puente natural entre Europa y el Mediterráneo y nuestra proximidad cultura nos facilita la labor frente a agencias de otros países.