EL BLOG DE LA FIIAPP. Cooperación Española

Actualmente, habitamos en el planeta alrededor de 7.550 millones de personas. Según datos de Naciones Unidas, un 49,5% son mujeres, lo que se traduce en 3.712 millones.  

Son muchos los obstáculos a los que se enfrenta la mujer por el simple hecho de serlo. El informe elaborado por la OCDE “Perseguir la igualdad de género: una batalla cuesta arriba”, pone de manifiesto que la mujer sigue en desventaja en todos los ámbitos de la vida y en todos los países respecto al hombre. 

El informe mundial sobre salarios 2016/2017 elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que la brecha salarial aumenta a medida que los salarios se ven incrementados. En este sentido, en España, según datos de 2016, la brecha salarial entre géneros fue del 14,9% frente al 16,7% de la media europea, según destaca el informe de Eurostat. 

Asimismo, de todas las personas que viven en extrema pobreza, un 75% son mujeres y niñas. Del total de niños que no asisten a la escuela, un 60% son niñas y, aunque las mujeres producen la mitad de la comida existente, solo poseen un 1% de las tierras cultivadas.  

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora fue institucionalizado por las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, este día fue celebrado por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Europa, concretamente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, ampliándose desde entonces su conmemoración al resto de países.  

Año tras año, el 8 de marzo se ha convertido en uno de los días internacionales con mayor impacto en la sociedad, convirtiéndose en una jornada de reivindicación a nivel mundial en el que las mujeres unen sus fuerzas para reclamar la igualdad de género y una sociedad más justa. A esta jornada, cada vez son más los hombres que se suman y toman conciencia del problema de desigualdad al que se enfrentan las mujeres. 

“La igualdad de género es, fundamentalmente, una cuestión de poder. Vivimos en un mundo dominado por los hombres, con una cultura dominada por los hombres. Solo cuando entendamos los derechos de las mujeres como un objetivo común, como una ruta hacia el cambio en beneficio de todos, comenzaremos a inclinar la balanza”, ha destacado en su mensaje del Día Mundial de la Mujer de 2019 el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. 

«Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio” 

Este año 2019, el lema del Día Internacional de la Mujer ha sido “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”. Bajo este lema se sitúa a la innovación por parte de las mujeres en el centro de sus esfuerzos para lograr la igualdad de género, ya que para ello se necesitan innovaciones sociales válidas tanto para hombres como para mujeres “sin dejar a nadie atrás”.
 

Movimiento #Metoo 

Al igual que el 8 de marzo las mujeres aúnan sus fuerzas para alzar su voz a favor de la igualdad de género, el movimiento #Metoo se ha convertido en un movimiento de denuncia durante los 365 días del año. A través de él, las mujeres de todo el mundo han tenido la oportunidad de contar sus experiencias en las redes sociales, denunciando casos de abuso sexual y recibiendo apoyo.  

ODS 5: Igualdad de género 

Según destaca Naciones Unidas “la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”. Con motivo del cumplimiento de la Agenda 2030, la igualdad de género también ocupa uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 5, con el que se busca poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todas partes, eliminar todas las formas de violencia que sufren, así como adoptar y fortalecer políticas sólidas y una legislación aplicable para la promoción de la igual de género, entre otras muchas metas. 

Asimismo, las personas con discapacidad también sufren desigualdad de género, especialmente si hablamos de acceso a la educación. Según señala Ola Abu Ghraib, directora de Investigación e Influencia Global en la Organización Leonard Cheshire, “se deben mejorar los mecanismos para integrar a las niñas con discapacidad en el sistema de educación, e integrar el género en la Agenda 2030”.  

La FIIAPP y la transversalización de género 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la FIIAPP celebró, el pasado 7 de marzo, una mesa redonda que contó con la presencia de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop Cuenca, y la directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), Karoline Fernández, quien destacó la situación de discriminación que sufre la mujer inmigrante en nuestra sociedad. La conclusión de este debate fue la importancia que tiene el “movilizarse y sensibilizar sobre violencia de género a través de la educación”.  

La FIIAPP quiere posicionarse como la primera fundación del sector público de la cooperación española que aplica, tanto a nivel interno como externo, la inclusión de género. En este sentido, la Fundación está desarrollando un plan de igualdad que tiene como fin ofrecer las mismas oportunidades entre hombres y mujeres en la institución. 

Siguiendo esta línea, la FIIAPP ya trabaja con diversos proyectos que cuentan con esta inserción de género, como son EUROsociAL+, EL PacCto: Apoyo a AMERIPOL o el proyecto Convivir sin discriminación. 

Según Manuel Sánchez, técnico de proyectos de la FIIAPP, la Fundación “tiene dos retos principales: uno es incluir el enfoque de género dentro de la casa con un plan y con un programa específico para ello y por otro lado la responsabilidad que tenemos los distintos trabajadores y trabajadoras de transversalizarlo en nuestros proyectos”. 

Miguel llega como cada semana a PROMESEM, el Programa de Inserción Social y Comunitaria del Instituto Nacional de Inclusión Social de Adolescentes Uruguay (INISA). Allí le aguardan cada día las psicólogas, educadoras sociales, profesores y profesoras para trabajar con él de una forma integral y cumplir con la medida judicial por el delito que cometió, tras un año de encierro, ahora en medio abierto. “Ellos son mis ángeles de la guarda”, explica. Y ese es el ambiente que se respira en el centro INISA. Abrazos, sonrisas, olor a incienso, paredes decoradas y adolescentes, varones y mujeres, que buscan aliento y una forma de resarcir el daño que causaron, a la sociedad y a ellos mismos.

Miguel es uno de los más de 300 adolescentes que se encuentran bajo el amparo del INISA, el ente rector encargado de los jóvenes en conflicto con la ley penal, dentro de un sistema en el que la privación de libertad “ha sido la regla y no la excepción” tal y como subraya su presidenta, Gabriela Fulco.  Es por ello que el Estado ha creado un nuevo modelo de abordaje de las medidas no privativas de libertad que “responde a la necesidad de cumplir el compromiso de Estado que adquirimos al ratificar la Convención de los Derechos del Niño” e implica una mayor aplicabilidad de medidas socio-educativas y de reinserción, facilitar la continuidad de la vida socio familiar de los y las adolescentes y establecer la paz dentro de la comunidad.

Por ello, la Unión Europea a través de su programa EUROsociAL+, que gestiona la FIIAPP, está acompañando a INISA en este proceso mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en políticas públicas europeas y latinoamericanas en esta materia. Entre ellas destaca el diseño de una estrategia de comunicación y sensibilización que sirva de guía para sensibilizar a la ciudadanía uruguaya, a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sector privado sobre la necesidad de promover la aplicación de medidas no privativas en lugar de las privativas para mejorar la cohesión social.

Tal y como explica Fulco, tanto desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como desde la seguridad ciudadana, la privación de libertad no resuelve el problema de inseguridad ni mejora las posibilidades de reinserción social de los adolescentes. Sin embargo, el modelo que aplica las sanciones alternativas a la privación de libertad mediante medidas socioeducativas ha demostrado a nivel internacional menores índices de reincidencia y una mayor reinserción.

Trabajo integral

En PROMESEN atienden a adolescentes que han pasado previamente por privación de libertad y otros que no. Y entre ellos hay una gran diferencia según explica su directora, Fernanda Albistur: “los que llegan de privación de libertad vienen aturdidos, las primeras semanas no quieren ni salir de casa y muchos tienen miedo de venir solos. Siguen escuchando los ruidos de la prisión, los candados, las puertas… Nos cuesta mucho más que quieran participar en el programa. El encierro agrava además la situación familiar y todos los conflictos que tenían previo a su ingreso y que quedaron congelados vuelven a resurgir”, explica Albistur. “Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para reparar el daño institucional provocado por el encierro, qué podemos hacer para devolverle la vida espantosa que pasó”.

Miguel acudía cada semana al hospital geriátrico Piñeiro del Campo, donde residen personas mayores sin hogar, como parte de uno de los programas de servicios a la comunidad que establece la sanción socioeducativa.

Laura Berois, profesora, acompañaba a los adolescentes en esta actividad. “Vienen con situaciones de vida muy complejas y cuando se enfrentan a realidades más difíciles que las suyas toman conciencia de lo importante que es cuidarse”, dice.

Mariela, que también participa en este programa, vive con sus padres y sus abuelos en un barrio que no le gusta, según explica.  Ahora Mariela relata que se ha dado cuenta de “que no sirve de nada tomar el camino fácil. Hay que luchar y cuidar la convivencia con otros seres humanos”.  Mariela se imagina un futuro en el que pueda continuar sus estudios “trabajar y sacar adelante a mi familia porque quiero ser enfermera para poder curar a la gente”.  “Me quedan aún dos meses de seguir viniendo, pero lo voy a hacer. Además, aquí hay buena gente, nos ayudan”, subraya.

Sofia Rodríguez es un de las educadoras de PROMESEM. Cada día se enfrenta al duro trabajo de ver las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes. Sus necesidades básicas y sus derechos han sido totalmente vulnerados y por ello “le dan poco valor a su propia vida”. Son adolescentes totalmente excluidos de la sociedad, del sistema educativo, que nacen y viven en el medio delictivo y por ello Sofía se pregunta: “¿cómo van a respetar los derechos de otros si todos sus derechos han sido totalmente vulnerados? Nadie se cuestiona por qué los adolescentes en conflicto con la ley no pertenecen a la clase media o alta sino a la pobre. Como sociedad somos responsables de lo que está pasando”, subraya.

“La mayoría han sufrido abandono durante toda su vida. Algunos tienen trastornos psicológicos graves y no saben discernir entre el bien y el mal”, explica Carolina, una de las psicólogas del centro. Pero todos y todas las trabajadoras del centro destacan el poder de resiliencia de estos adolescentes.

“Nunca me trataron tan bien como en el Hospital Piñeiro. Además, los viejitos siempre nos estaban esperando y cuando nos íbamos se quedaban tristes. Hacíamos plástica juntos y hasta nos hicieron una exposición de las obras en la Intendencia de Santo Domingo”, expresa Miguel.  Ahora, Miguel, gracias al convenio firmado entre la Intendencia de Montevideo e INISA y, sobre todo, a su cambio de actitud, ha encontrado empleo y podrá atender las necesidades de su hijo recién nacido y las de su familia.

Las energías renovables son recursos limpios e inagotables que proporciona la naturaleza. Estas energías, a diferencia de los combustibles fósiles, no producen gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes, por lo que no afectan al cambio climático. 

En la Conferencia de París sobre el Clima, celebrada en diciembre de 2015 y conocida como COP21, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundialmente sobre el clima. Este acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de los 2ºC entre 2020 y 2030. 

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, si se duplicase la cuota de energías renovables en el panorama energético mundial hasta alcanzar el 32% en 2030 traería consigo un incremento del 3,7% en el bienestar y el aumento del empleo en el sector hasta más de 24 millones de personas. 

Existen diversas fuentes de energías renovables como son la energía eólica (obtenida del viento), la solar (obtenida del sol), la hidráulica o hidroeléctrica (se consigue de ríos y corrientes de agua dulce), biomasa y biogás (adquirida de materia orgánica), energía geotérmica (se obtiene del interior de la Tierra), mareomotriz (extraída de las mareas), undimotriz u olamotriz (conseguida de las olas), bioetanol (se obtiene mediante procesos de fermentación de productos vegetales) y el biodiésel (se obtiene a partir de aceites vegetales).  

Las energías renovables representan en España el 46,7% de la potencia instalada. En 2018, la generación renovable peninsular pasó del 33,7% al 40,1%, según datos extraídos del Avance del informe del sistema eléctrico español 2018 de Red Eléctrica de España. 

¿Qué ventajas traen consigo las energías renovables? 

Como hemos señalado anteriormente, las energías renovables no emiten gases de efecto invernadero en la generación de la energía, por lo que supone una solución limpia que evita la degradación ambiental y no afecta al cambio climático. 

Asimismo, son fuentes inagotables a diferencia de las fuentes de energías tradicionales. Estas energías cuentan con la misma disponibilidad que el sol donde tienen su origen y se adaptan a los ciclos naturales.  

Al ser desarrolladas en la misma región en la que se instalan, hacen que las regiones sean más autónomas en energía.  

Por otro lado, no suponen ningún tipo de riesgo para la salud al ser obtenidas de fenómenos naturales y permiten ser utilizadas en cualquier tipo de escenario. 

Transición a fuentes de energía 100% renovables 

La Universidad LUT y el Energy Watch Group han publicado un informe que muestra la viabilidad de una transición energética europea hacia fuentes 100% renovables. En este estudio se muestra lo que supondría comenzar a utilizar fuentes de energía 100% renovables frente a las existentes en la actualidad, eliminándose los combustibles fósiles en todos los sectores antes de 2050. 

Asimismo, el estudio destaca que la generación de electricidad en el sistema de energía 100% renovable consistirá en una combinación de fuentes de energía solar, fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, bioenergía y geotérmica.  

Los datos publicados en este estudio “demuestran que Europa puede pasarse a un sistema energético de cero emisiones. Por lo tanto, los líderes europeos pueden y deben hacer mucho más por la protección del clima que lo está hoy sobre la mesa”, ha afirmado Hans-Josef Fell, presidente del Energy Watch Group.   

EUROCLIMA+ y Cuba-Renovables 

La FIIAPP participa en la gestión de dos proyectos centrados en el cambio climático y las energías renovables. Por un lado, el programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea, pretende promover el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima en 18 países de América Latina, debido a que en esta región el transporte urbano muestra un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

“El hecho de que la mayor parte de la población vive en centros urbanos, el uso del transporte público y un alto índice de energía renovable en la matriz energética, hacen que América Latina sea un escenario excelente para la movilidad sostenible”, señaló Horst Pilger, jefe de sector de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea durante la COP24, celebrada el pasado diciembre de 2018. 

Por otro lado, el proyecto para la promoción de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética en Cuba, desarrollado como estrategia de cooperación entre la UE y Cuba, también conocido como Cuba-Renovables, apoya la efectiva implementación de la política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables de energía y el uso eficiente de la energía y su marco regulatorio.  

“No podemos olvidar que Cuba es un país rico en recursos renovables y dependiente de recursos fósiles externos. Por lo tanto, lograr el desarrollo de las energías renovables supondría una importante contribución al medio ambiente, así como una independencia energética para la isla”, destaca Maite Jaramillo, coordinadora del proyecto Cuba-Renovables. 

Asimismo “la FIIAPP va a contribuir con el intercambio de expertos y a partir de la experiencia de trabajo que ya tenemos en el país y el entendimiento con Cuba. Además, contribuirá con la creación de redes en el sector”, afirma. 

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

Los líderes mundiales adoptaron en 2015 una serie de objetivos globales, conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tienen como fin erradicar la pobreza, proteger el planeta y mejorar los derechos de la ciudadanía. En el caso de las energías renovables, estas ocupan el ODS número siete, que pretende garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.  

La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático, y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, destaca Naciones Unidas en un informe sobre este ODS. 

Muchas son las personas que se desplazan voluntariamente desde su país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, otras muchas tienen que huir para escapar de conflictos o del terrorismo en determinados países. Según señala la ONU, hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos. 

Por la magnitud que alcanza esta cuestión, la Asamblea General de la ONU proclamó, en diciembre de 2000, el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. 

La Organización Internacional para Migraciones (OIM) define a los migrantes como “cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia”. 

Según cifras del Portal Global de Datos Migratorios, perteneciente al Centro Global de Análisis de Datos de Migración de la OIM, Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%, las Américas el 26%, África el 10% y Oceanía el 3% restante. Además, en 2017 el número de migrantes internacionales alcanzó los 258 millones en todo el mundo, de los que el 48% son mujeres. 

¿Qué es la Organización Internacional para Migraciones (OIM)? 

Tal es la dimensión de la migración que se hace necesaria una organización que compruebe si se da una gestión ordenada y humana en materia de migración. Para este fin, fue creada en 1951 la OIM, siendo la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración. La OIM promueve la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ayuda a buscar soluciones a los problemas migratorios y ofrece asistencia humanitaria a los migrantes.  

La migración y la Agenda 2030 

A lo largo de la última década, la comunidad internacional ha experimentado una evolución en cuanto a su visión sobre la migración internacional y el desarrollo. Desde la celebración del primer Diálogo de Alto Nivel en 2006, el discurso sobre la migración mundial se ha ido transformando. Ejemplos de ello son la búsqueda de medios para la optimización de los beneficios de la migración internacional para el desarrollo, así como la creación del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Este último se ha centrado cada vez más en el examen y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la migración, en particular mediante la constitución del grupo de trabajo del Foro sobre la Agenda 2030, así como el Pacto Mundial sobre Migración. 

Con la adopción en 2015 de la Agenda 2030 y la inclusión de la meta “la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas”, se ha contribuido oficialmente y por primera vez a la inclusión de la migración al desarrollo en las Naciones Unidas. En la misma, se han desarrollado indicadores que pueden ser utilizados para medir el progreso sobre la manera en que los países gestionan la migración para el desarrollo.  

Efectos de la inmigración 

Los efectos de la inmigración dependen principalmente del contexto y de cómo se regula la movilidad en los diferentes países. No podemos comparar la situación de una persona que viaja voluntariamente a otro país para trabajar con la situación de los refugiados que llegan a los países en busca de asilo por la situación en su lugar de origen. Por lo tanto, debemos dar respuesta al dónde, cuándo, cómo y quién para conocer dichos efectos.  

Bien es cierto que existe un reconocimiento cada vez mayor de los efectos positivos de la migración, cuando ésta es segura, regular y está bien gestionada. Muchos gobiernos de todo el mundo han manifestado un gran interés por optimizar los beneficios de la migración a través de más alianzas internacionales que garanticen una migración beneficiosa para todos. 

Sin embargo, uno de los principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes en las sociedades de acogida, así como su acceso efectivo a los derechos humanos, son los sentimientos de rechazo, las actitudes negativas y las prácticas discriminatorias que éstos deben enfrentar en su día a día.  

Por todo ello, es fundamental la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a combatir el racismo, la xenofobia, la discriminación y la intolerancia ya que muchos migrantes son objeto de discriminación en ámbitos tales como el acceso a la vivienda, el empleo, la salud, la educación o los servicios sociales, entre otras esferas.  

Convivir sin discriminación en Marruecos 

El proyecto “Convivir sin discriminación: un enfoque basado en los derechos humanos y la dimensión de género”, financiado por la Unión Europea y en cuya gestión participa la FIIAPP junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es un buen ejemplo de iniciativa encaminada a combatir los problemas nombrados anteriormente: el racismo, la xenofobia, la discriminación y la intolerancia hacia los migrantes en nuestras sociedades. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de instituciones especializadas como el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

Su objetivo principal es reforzar los instrumentos y políticas públicas dirigidos a prevenir y combatir el racismo y la xenofobia respecto de la población migrante en Marruecos. 

“Convivir sin discriminación supone una oportunidad para fortalecer la colaboración existente entre España y Marruecos en materia migratoria, para conocer la experiencia de las instituciones públicas españolas en la implementación de políticas de lucha contra el racismo y la xenofobia y para beneficiarse de las mejores prácticas existentes a nivel nacional y europeo”, destaca Florencia Gaya Campal, técnica de este proyecto y experta en discriminación. 

«Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.» Así es como define la Organización Mundial de la Salud (OMS) discapacidad.  Concepto publicado en 1980 en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM).

Asimismo, la OMS estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que se corresponde con el 15% de la población mundial. Cada vez son más las personas que pertenecen a este grupo, lo que está estrechamente relacionado con el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU), señala que las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Asimismo, destaca que “los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales», unos datos que muestran la necesidad de desarrollar una legislación que les proteja. A ello hay que añadir que estas personas se enfrentan también a una serie de obstáculos como son el transporte o el acceso a la información.

Acceso a la salud, la educación y el empleo

La salud se considera un derecho fundamental para la sociedad. Sin embargo, para las personas que poseen algún tipo de discapacidad es de extrema importancia, ya que su enfermedad puede mejorar o empeorar según la atención sanitaria que se les proporcione, como por ejemplo la rehabilitación.

Aunque parece algo paradójico, a pesar de que las personas con discapacidad necesitan una mayor atención sanitaria de manera periódica, son las que menos se benefician de este derecho, ya que el 50%  no tienen acceso a la sanidad. Según la OMS, muchas personas con discapacidad no tienen los recursos suficientes para costearse sus tratamientos, a pesar de que el 80% de las personas que sufren algún tipo de discapacidad viven en países desarrollados.

Pero no todo se reduce al ámbito sanitario sino que también afecta a la educación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay en España alrededor de 560.000 alumnos entre 16 y 17 años con discapacidad. De ellos, un 16,5% son integrados en centros de educación especial y el 83,5% restante cursa educación ordinaria. El número de alumnos con discapacidad es alto pero más es el porcentaje de abandono escolar de los mismos, un 43%.

A nivel mundial, los niños con discapacidad tienen mayores probabilidades de no ser escolarizados, especialmente si se encuentran en situación de pobreza. Además, encontramos desigualdad en el acceso a la educación entre niños y niñas. Por ello «se deben mejorar los mecanismos para integrar a las niñas con discapacidad en el sistema de educación, e integrar el género en la Agenda 2030«. Apunta Ola Abu, directora de Investigación e Influencia Global en la organización Leonard Cheshire.

De los 3,84 millones de personas con discapacidad que hay en España, 481.000 están trabajando. En relación al empleo, las personas con discapacidad han tenido una baja participación en el mercado laboral durante 2017, ya que según datos del INE, su tasa de actividad ha sido del 35%. Asimismo, las mujeres con discapacidad han tenido menos presencia en el mercado laboral que los hombres, un dato que muestra el largo recorrido que queda por hacer en inclusión e igualdad.

El panorama mundial no es muy diferente ya que la tasa de empleo de hombres y mujeres con discapacidad es mucho más baja que de aquellos que no tienen ninguna.

Las personas con discapacidad en la Agenda 2030

Comprometida con “no dejar a nadie atrás”, la ONU refleja en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible la importancia que tiene la inclusión y la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad. El décimo objetivo de los 17 con los que cuenta la Agenda, es el que trata la inclusión de las personas con discapacidad.

Como hemos señalado anteriormente, las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de acceder a los servicios de salud. En este contexto, la ONU destaca que estas personas tienen hasta cinco veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud que son calificados como “catastróficos”.

Bridging The Gap

Es muy importante que la cooperación internacional se convierta en una herramienta fundamental para que los gobiernos den visibilidad a las personas con discapacidad incluyéndolos en sus agendas políticas. Además de estos, tanto la sociedad como las instituciones deben unirse para trasladar las necesidades que tienen estas personas para darles voz y mejorar su situación actual de la mejor manera posible.

En relación con ello, Ecuador, Paraguay, Burkina Faso y Etiopía se han beneficiado del proyecto financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, Bridging The Gap. Este proyecto tiene como objetivo reducir la exclusión social de las personas con discapacidad en los países de renta media y baja de África y América Latina.

La situación de los países en los que trabaja Bridging The Gap es complicada. Según Boukary Savadogo, secretario permanente del Comité Nacional Multisectorial para la Protección y Promoción de las personas con discapacidad en África, “en Burkina Faso las personas con discapacidad no son bien acogidas”. Para mejorar la situación de las personas con discapacidad del país africano, “Burkina Faso está en línea con los ODS y la Agenda 2030”.

Es importante que reflexionemos e intentemos entre todos mejorar los mecanismos para que las personas con discapacidad puedan tener una vida digna, plena y en la que puedan acceder a todos y cada uno de los derechos fundamentales.

Son muchas las personas que caen en manos de organizaciones que les explotan, sexual o laboralmente, arrebatándoles su libertad en contra de su voluntad.  La trata de personas se ha convertido en la forma de esclavitud del siglo XXI. 

Es importante conocer a qué nos referimos con la trata de personas, cuyo día mundial se celebra el 30 de julio. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, la define como “el traslado de seres humanos de un lugar a otro dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el exterior con fines de explotación en su mayoría sexual, laboral o en la mendicidad”.  

Para conocer las dimensiones de este delito, Naciones Unidas señala que hay alrededor de 21 millones de víctimas, siendo un 30 por ciento de ellas niños y un 70 por ciento mujeres y niñas. Además, todas estas víctimas provienen de 137 países, un dato que refleja la dimensión que tiene este problema.  

“Captación, traslación y explotación” 

Existe una diferencia entre la trata y el tráfico de personas. En el caso de la trata de personas “se tienen que dar tres fases: captación, traslación y explotación”, según señala Félix Durán, jefe del grupo de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y experto del proyecto en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP.  

En base a ello, se capta a ciertas personas para su explotación laboral, sexual, mendicidad o tráfico de órganos, entre otros; y se utiliza este engaño para traer a esas personas a otros países. “Para hablar de trata de personas tiene que haber un traslado y finalmente una explotación final”, destaca Félix Durán. La fase de explotación es la que diferencia a la trata con el tráfico de personas. 

Además, Félix Durán nos cuenta que la mayoría de los casos de trata que se dan en España son de personas que provienen del sur de África (en mayor medida desde Nigeria), del este de Europa (Bulgaria y Rumanía) y de China. El perfil de las víctimas se corresponde con niñas, especialmente de Nigeria, así como personas de edad avanzadas si hablamos de Rumanía.  

Por otro lado, existe una gran dificultad para demostrar un delito de trata de personas, especialmente si es sexual. Para poder justificar judicialmente el delito y poder llevar a cabo la detención de las personas implicadas, es de especial importancia contrastar las tres fases mencionadas, lo que en muchas ocasiones es muy complicado de conseguir. 

El caso de Bolivia 

En el proyecto de Bolivia, ya mencionado, se trabaja en la lucha contra la trata de personas, al ser este problema un delito conexo con el narcotráfico, tema principal del proyecto. El proyecto se centra fundamentalmente en las “3P”: prevención, persecución y protección.  

En este país existe mucha trata, tanto es así que se ha incluido a Bolivia “en el listado negro de países que no trabajan contra la trata”, según afirma Félix Durán, experto de este proyecto.  

Además, se ha creado un programa en el que se proporciona formación a los funcionarios públicos que están estrechamente relacionados con esta problemática, trabajando tanto con la administración nacional como con la municipal.  

En esta línea, destaca la importancia que tienen los proyectos de cooperación en esta materia, en la que se “debe concienciar y sensibilizar a los funcionarios públicos” que trabajan en esta lucha; la obligación de “realizar una formación para que estos conozcan si es o no un caso de trata de personas” y finalmente, al ser la trata “un tipo delictual”, la necesidad de que haya cooperación internacional entre instituciones, según Durán. 

Nigeria, escenario de trata 

En el caso de las mujeres nigerianas que están en Europa, el 95% de ellas pertenece a Benin City, un pueblo de alrededor de 10 millones de habitantes perteneciente a Edo State.  

La mayoría de estas niñas son captadas dentro de un entorno familiar en el que son los mismos padres quienes las ponen a disposición de las organizaciones de trata de personas. Tal es el número de víctimas de este país, que se cuenta con mediadoras del propio Benin City, muchas de ellas antiguas víctimas de trata, que facilitan el trabajo a las autoridades para comunicarse con ellas. 

En este país, con el proyecto A-TIPSOM, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, se busca reducir la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, tanto a nivel nacional y regional como entre Nigeria y la UE. Además, en él se persiguen cinco objetivos fundamentales, las “5P”: política o fortalecimiento de las instituciones y el marco legal, prevención con actividades de sensibilización y formación, protección de las víctimas, persecución de los tratantes y traficantes y partenariado o coordinación de los actores involucrados. 

Según Rafael Ríos Molina, coordinador de este proyecto, la situación en Nigeria ahora mismo es compleja, ya que “el país es un punto fuerte de migración y de tránsito” al encontrarse en el centro del continente africano. Además, “la cantidad de mujeres y niños que son víctimas y que caen en la red de prostitución y de explotación laboral, según las estadísticas, es superior al de hombres”, razón por la que se focalizan más en estos colectivos. 

 La enorme cantidad de casos de trata de personas existente en la actualidad exige abordar este problema desde una dimensión transnacional, a través de una cooperación entre países y regiones.